La papa
El cultivo social por excelencia,
en horas bajas
Manuel Redondo Zaera
Economista y Técnico de COAG-Canarias
Fotos: Rincones - Sergio Socorro - Imeldo Bello Baeza
El titular de uno de los periódicos de mayor relevancia en las islas, el mes de julio de 2006, rezaba de la siguiente manera: “La aportación a la economía canaria del sector primario cae al mínimo histórico”1. Como si de una simple empresa que cotiza en Bolsa se tratase, en dicho artículo se planteaba que, durante el año 2005, el sector agrario había tocado suelo en lo que respecta a su peso dentro del conjunto del Producto Interior Bruto (PIB) de las islas, siendo apenas un 1’4 % del valor total de bienes y servicios producidos en Canarias: el menor nivel jamás alcanzado. Igualmente se planteaban perspectivas bastante negativas para este valor bursátil, instalado en caída libre, en cuanto a posibles dividendos o mejoras de las condiciones en el corto o medio plazo. El mensaje para los incautos que aún, de manera tozuda, siguen desarrollando esta actividad, y que suponen el 3’6 % de la población activa del archipiélago, parecía ser el siguiente: “Vende ahora que puedes, e invierte en una actividad de futuro”.
Ésta parece ser la realidad en la que se ha acomodado el archipiélago canario. La falta de valorización de todas aquellas externalidades positivas que, más allá de los valores estrictamente económicos, tiene esta actividad, y la ausencia de una estrategia clara por parte de la administración autonómica, en la que se defina la agricultura y ganadería que se quiere y se establezcan las herramientas para mantenerla, han terminado por desmotivar a un sector envejecido, en el que no existe relevo generacional, y que además presenta enormes dificultades para organizarse y diferenciar sus producciones en un mercado cada vez mas abierto. Éstos son algunos de los elementos a barajar sobre el porqué de este desplome que parece no tener fin y que afecta al conjunto de sectores agrícolas y ganaderos de estas islas.
Pasemos ahora a analizar el caso de la papa, cultivo representativo de las producciones del campo isleño, y que hemos tomado como ejemplo por estar en la base de la dieta alimenticia de los canarios, de importancia vital en áreas de medianías donde no se plantean cultivos alternativos, y por estar instalado en una crisis de la que no se ve la luz al final del túnel. Sus dificultades, sus problemas estructurales y coyunturales, y las propuestas e iniciativas para afrontar el mañana con un saquito de optimismo, pueden ser extrapolados en gran medida al resto de subsectores agrarios.
Y es que la papa es un cultivo fuertemente arraigado en la cultura y en la historia de este archipiélago desde que fue introducida a mediados del siglo XVI, constituyéndose en eje central de la alimentación de subsistencia en épocas de hambrunas, y en signo identificativo de la actual gastronomía de las islas. De hecho, el consumo de papas por habitante en las islas, que ronda los 90 Kg por persona y año, es muy superior a la media nacional, habiéndose incorporado con enorme éxito en los menús de diario y en los platos de los grandes gourmets.
La primera cuestión a preguntarse es bastante obvia. Existiendo este nivel de demanda, ¿cómo es posible que la superficie plantada en las islas no haya hecho más que reducirse, pasando de las 11.364 ha de 1985 a poco más de 5.000 en el año 2004? Esta pérdida de terreno cultivado, más acentuada en los últimos tiempos con una disminución de un 40 % en sólo 8 años
2. es prueba evidente de que hay muchas cosas que no se están haciendo bien. Así, Canarias ha pasado de ser un cualificado exportador de este tubérculo, con más de 40.000 Tm de papas exportadas anualmente al exterior, principalmente al Reino Unido, en los años 70, a importar más de 100.000 Tm en la actualidad.
¿Cómo ha llegado la papa en las islas a esta situación?
Llegados a este punto, cabe reflexionar sobre cuáles son las condiciones que han provocado el actual estado de crisis de la actividad agropecuaria en Canarias y, de manera especial, del sector papero isleño. Vamos a enumerarlas, describiéndolas brevemente:
- Inexistencia de una política coordinada y definida de apoyo a este sector. Sin temor a equivocarse, y atendiendo a la falta de un marco normativo cohesionado y estructurado que regule la actividad agraria en las islas, como sí existe en otras comunidades autónomas como Andalucía o Cataluña, lo cierto es que el Gobierno de Canarias no tiene definido qué tipo de agricultura considera adecuado para la zona de medianías, ni las líneas de actuación y estrategias para desarrollar el modelo. Convertida en mera gangochera, o intermediaria, en la entrega de ayudas de la Unión Europea a los agricultores, la administración autonómica ha hecho dejación de sus funciones de planificación y toma de decisiones sobre el campo canario, dedicándose únicamente a distribuir fondos que vienen de Bruselas, sin fines definidos ni estrategias de recuperación de un sector en retroceso.
- Envejecimiento del agricultor e inexistencia de relevo generacional. Motivado principalmente por lo mal valorada que está esta profesión entre la ciudadanía, y por la incertidumbre sobre los ingresos y falta de perspectivas, la realidad muestra que la incorporación de jóvenes es bastante limitada, por lo que la media de edad de la población en esta actividad se sitúa en torno a los 58 años. En el caso de la papa, estas circunstancias han motivado que se evolucione de un agricultor profesional, que se dedica a tiempo completo a esta actividad, a un tipo de agricultor conocido como de fin de semana, cuya vinculación a esta actividad se limita a unas horas por semana.
- Inestabilidad en los ingresos y rentas reducidas. Los datos económicos para el conjunto del Estado Español muestran que, en término medio, la renta agraria supone un 60 % de la renta media del conjunto de actividades. Estas cifras, aplicables al archipiélago, justifican políticas públicas de apoyo y protección si se desea mantener el sector. Entre las cuestiones más preocupantes, por su efecto negativo sobre la renta del productor, se identifica la enorme diferencia entre los precios pagados por los consumidores y los recibidos por el agricultor. Atendiendo a cifras oficiales
3. el agricultor recibe entre el 25 % y el 30 % del precio pagado por los ciudadanos en el punto de venta, situación totalmente injustificada si se tiene en cuenta que, en la mayoría de los casos, estos productos son entregados ya listos para la venta. Las mejoras en la renta de los agricultores pasan, sin ninguna duda, por una reducción en los abusivos márgenes comerciales de los centros de distribución.
- Aparición de nuevas plagas y enfermedades. Es el caso de la Tecia Solanivora (conocida como la polilla guatemalteca) o la Ralstonia Solanacearum (causante de la podredumbre parda), que afectan a los rendimientos y al mantenimiento de los cultivos. La introducción en las islas de material vegetal de manera fraudulenta, incumpliendo la normativa fitosanitaria
4 que protege el archipiélago por ser especialmente sensible en la propagación de las plagas, ha motivado que numerosas fincas hayan sido abandonadas ante la imposibilidad de hacer frente al daño causado.
- Sector desestructurado y con falta de profesionalización en la gestión. La asociación de los agricultores en organizaciones para la venta de sus productos, con infraestructuras y personal adecuado, constituye una necesidad en el mercado agroalimentario de nuestros días, cuestión de la que, sin embargo, carece el sector de la papa de las islas. Las malas experiencias en la constitución de algunas entidades de comercialización, y el escaso control por parte de las administraciones públicas sobre las iniciativas de asociacionismo impulsadas con apoyo público (como las constituidas al amparo del programa POSEICAN5), hacen que el agricultor se muestre receloso ante la comercialización en común. Ello ha motivado, igualmente, la aparición de una amplia fauna autóctona de intermediarios y gangocheros que obstaculizan las iniciativas para establecer líneas de venta más eficaces.
- Presión urbanística sobre el suelo rustico. Como resultado de las limitaciones de superficie en el archipiélago y el proceso urbanizador salvaje, el suelo destinado para el desarrollo de labores agrarias se encuentra en riesgo permanente de recalificación a urbanizable. La falta de perspectivas de futuro para el agricultor acrecienta la tentación de convertir la finca en un bloque de apartamentos.
- Escasez de programas de investigación y de laboratorios adecuados en el ámbito agroalimentario. El déficit en investigación aplicada, dirigida a estudiar los problemas con los que se encuentra de manera cotidiana el agricultor, así como la inexistencia de laboratorios adecuados que permitan desarrollar todas las labores de control del producto desde la finca hasta que es consumido, tal como requiere la normativa sobre trazabilidad, son dos handicaps que dificultan la superación por parte del sector de nuevos retos y dificultades.
- Fuerte competencia de importaciones de papas de otras zonas productoras, con normativas laborales, medioambientales y de seguridad alimentaria menos exigentes que en Canarias. La papa canaria encuentra en los mercados isleños la feroz competencia de tubérculos producidos en países con menores costes salariales y laborales, y que utilizan manejos de cultivo y productos fitosanitarios absolutamente prohibidos en el archipiélago. Así, por ejemplo, una parte importante de las papas introducidas en Canarias proviene de Israel, único país en el mundo que continúa utilizando el bromuro de metilo como desinfectante de suelos en el cultivo de tubérculos
6. Los riesgos de este uso son diversos, tanto por lo dañina que resulta su aplicación y las emanaciones de gas generadas para la capa de ozono, como porque deja restos de bromo en la piel de las papas, lo que puede afectar a la salud de los consumidores de las islas. Ciertamente resulta sorprendente, y a toda luz inadmisible, que se facilite la importación en Canarias de productos cultivados en condiciones no permitidas en el archipiélago, por sus efectos adversos sobre la seguridad alimentaria o el medio ambiente.
Alternativas
El futuro de esta actividad pasa por recuperar el reconocimiento de aquéllos que realizan las labores agrarias y por un marco normativo que recoja, de manera íntegra y consensuada con las organizaciones agrarias, todos los aspectos que afectan a esta actividad.
La realidad muestra que, salvo raras excepciones, el agricultor no desea que sus hijos continúen con la finca, y los incita a que desarrollen otras profesiones de mayor reconocimiento social y de mayor estabilidad económica. Para cambiar esta percepción hay que orientar las políticas hacia dos vías:
a) Valorización del papel del agricultor en la sociedad. Principalmente a través de políticas formativas y educacionales, introduciendo de manera horizontal en los diferentes grados de la enseñanza materias relativas al agro, con acciones de difusión y concienciación sobre la importancia del sector primario desde el punto de vista económico, estratégico como garante alimentario, social, cultural, paisajístico, y todo aquello que se ha dado en llamar la multifuncionalidad de la agricultura. En el caso de la papa, cultivo social y fuertemente enraizado culturalmente, parece más que justificado este reconocimiento.
b) Definir una ley de agricultura y desarrollo rural para Canarias y un plan estratégico para las producciones de medianías. Actualmente la administración autonómica no tiene definida, con claridad, una política agraria para las islas, planteando actuaciones y promulgando normativa de manera deslavazada, descoordinada y sin un fin común. Por ello es indispensable establecer un marco común que recoja todas las cuestiones que afectan o están en relación con las actividades agrícolas, ganaderas y, de una manera general, con el desarrollo de las áreas rurales.
Así, dentro de este bloque normativo, se deben recoger como elementos esenciales las áreas de conservación de las producciones locales y control de la importación ilegal; de comercialización, inversiones y modernización de explotaciones; de investigación, formación y asesoramiento técnico; de desarrollo económico del medio rural; de seguros agrarios; o de la ordenación del territorio. Las lagunas existentes actualmente en las políticas desarrolladas en cada una de estas áreas son enormes. Cuestiones como el endurecimiento en el seguimiento de las importaciones fraudulentas e incremento de las penas por estos delitos; la apuesta real por la concentración y organización de los productores en entidades de comercialización; el impulso de una investigación participativa y la creación de laboratorios para la seguridad alimentaria; la difusión y adaptación de los seguros agrarios a la realidad de Canarias; o la exigencia de que se cumpla la legislación relativa al territorio, especialmente en los relativo al suelo rústico como elemento principal de un desarrollo racional del archipiélago, son algunos ejemplos del abanico de problemas que deben ser abordados, sin dilación, dentro de un contexto global y único.
Igualmente, es necesario plantear un “Plan Estratégico de Salvación” de las producciones de medianías, apoyado en el reconocimiento del papel que representa en la fijación de población en áreas rurales, frente a la desertización y degradación del paisaje (del cual se beneficia el sector turístico), el mantenimiento de la soberanía alimentaria y como signo de identidad cultural. Todos estos valores deben ser internalizados en la renta que recibe el agricultor, bien a través del mercado (un reparto mas equitativo del precio pagado por el consumidor entre el agricultor y la distribución sería una alternativa), o a través de compensaciones económicas por desarrollar labores beneficiosas para el conjunto de la sociedad. Esto, unido a otras acciones especificas en el caso de la papa como el aprovechamiento del POSEICAN para vertebrar el sector, las campañas promocionales desde los Cabildos
7. el fomento de la rotación de cultivos y la recuperación de las variedades tradicionales, contribuiría a relanzar este sector, que ahora está en horas bajas.
